Según informó A24, la dirigente inició un tratamiento psiquiátrico en el Hospital San Roque tras recibir el alta por su cuadro de trombosis. El medio detalló que se encuentra en la habitación 331 sin custodia policial ni del Servicio Penitenciario, situación que desató la indignación de los vecinos de Gonnet, quienes juntan firmas para impedir su radicación en el barrio.

La situación de Milagro Sala en la ciudad de La Plata ha encendido una nueva controversia legal y política. Según informó A24, la dirigente social se encuentra internada en el Hospital San Roque de Gonnet sin la custodia policial obligatoria que corresponde a su condición de detenida con condena firme.

Sala ocupa actualmente la habitación 331 y, de acuerdo con el reporte periodístico, no cuenta con vigilancia del Servicio Penitenciario ni presencia de fuerzas de seguridad en el ingreso a su sala. En su lugar, permanece acompañada únicamente por dos personas de su entorno privado. Esta ausencia de custodia oficial contrasta con la sentencia a 15 años de prisión ratificada por la Corte Suprema de Justicia que debe cumplir la líder de la Tupac Amaru.

La internación actual se justifica oficialmente bajo un «tratamiento psiquiátrico». Si bien Sala había arribado a la capital bonaerense para atenderse por un cuadro de trombosis, patología por la cual ya recibió el alta médica, esta nueva indicación clínica se presenta como el argumento central de su defensa para fundamentar el pedido de prisión domiciliaria en Buenos Aires. El objetivo, según la información difundida, es evitar el traslado a un penal de la provincia de Jujuy alegando que allí no podría recibir la atención adecuada.

Este escenario ha desatado un fuerte malestar social en el barrio de Gonnet. Los vecinos, alertados por la falta de seguridad y los aparentes privilegios, han comenzado a organizar una recolección de firmas para solicitar que la dirigente abandone la zona o se rescinda el contrato de alquiler de la vivienda a la que pretende mudarse. En el barrio señalan, además, que la logística para conseguir la propiedad habría contado con la intervención de una funcionaria de la provincia de Buenos Aires.

A la irregularidad en la custodia se suma un vacío procesal determinante: la Justicia aún no ha expedido la autorización oficial para el cambio de domicilio de la detenida. Mientras se resuelve esta instancia, la permanencia de Sala en el hospital, sin el resguardo policial que exige la ley de ejecución penal, se mantiene como el eje de un conflicto que involucra a la justicia, al sistema de salud y a la comunidad local.