El Gobierno nacional procedió a derogar el fondo que permitía otorgar pasajes de transporte sin cargo a ciudadanos con discapacidad certificada e infantes diagnosticados con enfermedad oncológica. La acción administrativa fue publicada formalmente en los últimos días.

Desde la esfera gubernamental se explicó que la decisión obedece a restricciones en materia de recursos fiscales disponibles. En el análisis técnico que acompañó la medida, aseveraron que «mantener compensaciones conforme a resoluciones anteriores no presenta viabilidad económica». Esta conclusión respaldó la eliminación del programa.

El ejecutivo reafirmó simultáneamente que el carácter gratuito del servicio de transporte para estos grupos poblacionales sigue siendo un derecho reconocido legalmente y pasible de ser reclamado. Sin embargo, la forma en que se garantizará esta exigibilidad sin el fondo específico permanece sin especificar.

Dos segmentos diferenciados de la población se veían beneficiados por este programa: en primer lugar, adultos e infantes diagnosticados con discapacidad; en segundo lugar, menores bajo tratamiento oncológico que necesitan acceder a establecimientos de salud de manera frecuente.

La supresión del mecanismo financiero representa un obstáculo para la accesibilidad de estos grupos vulnerables. Especialistas en temas de inclusión señalaron que eliminar el fondo sin presentar soluciones alternativas concretas afecta directamente la capacidad de movilización de poblaciones que requieren cuidados especiales.

El gobierno comunicó su intención de explorar nuevas vías para sostener el acceso al transporte, aunque no detalló ni plazos ni estrategias específicas. Esta indefinición deja interrogantes sobre cómo operará en la práctica el reconocimiento de un derecho sin presupuesto para materializarlo.

Desde organizaciones vinculadas a personas con discapacidad y asociaciones de pacientes oncológicos se aguarda información adicional respecto al plan de implementación de medidas alternativas.

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