Un fondo destinado legalmente a evitar inundaciones está siendo redireccionado para financiar necesidades del Tesoro nacional. El inconveniente no radica en la carencia de recursos, sino en la falta de decisión política para aplicarlos conforme a lo que la ley establece.

Los fondos están disponibles. La plata existe en las cuentas del Estado. Lo que no existe es el compromiso de canalizarla hacia las obras de infraestructura que deberían detener las crecidas de agua y proteger poblaciones vulnerables. En su lugar, ese dinero se destina a cubrir déficits fiscales más amplios.

Este fenómeno evidencia una tensión constante en la gestión pública: los fondos etiquetados para objetivos específicos enfrentan presiones permanentes para ser desviados hacia emergencias presupuestarias. Aunque la ley establece con claridad la finalidad de estos recursos, la práctica administrativa termina subordinándolos a otras prioridades.

La consecuencia no es meramente burocrática. Mientras los fondos se dirigen al Tesoro, las obras preventivas permanecen inconclusas. Las comunidades expuestas a riesgos de inundación continúan sin las defensas que deberían existir. La infraestructura de prevención que podría salvar vidas y evitar pérdidas económicas sigue en el papel.

El caso plantea preguntas sobre la efectividad del ordenamiento legal en materia presupuestaria. ¿De qué sirve que la ley cree fondos específicos si no hay garantías de que se ejecuten? ¿Qué mecanismos deben existir para proteger estos recursos de desviaciones? Estas interrogantes cobran relevancia en un contexto donde los desastres por inundaciones son recurrentes.

Imagen: Jeisson Ortiz / Pexels – Con informacion de Clarín Rural