La Ley Malvinas propone endurecer las consecuencias para las actividades realizadas sin autorización argentina en torno a las islas. Además de las sanciones económicas y penales, incorpora nuevas herramientas para controlar buques y proteger el mar y los ríos. 

El Gobierno envió al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone ampliar las consecuencias para quienes desarrollen actividades vinculadas con los recursos naturales de Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos sin autorización argentina. El régimen abarca recursos renovables y no renovables y amplía así el alcance de las sanciones existentes.

Entre las principales medidas aparecen multas económicas e inhabilitaciones para operar. El proyecto contempla sanciones calculadas según el valor de barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de habilitaciones y prohibiciones para desarrollar actividades en el país por períodos que pueden alcanzar los 20 años.

La iniciativa también incorpora consecuencias penales para determinadas conductas. Las penas pueden llegar hasta los 20 años de prisión en casos vinculados con la exploración, explotación, extracción, transporte o almacenamiento no autorizado de determinados recursos naturales. El objetivo es sumar consecuencias económicas y legales a las actividades que Argentina considera contrarias a sus derechos soberanos.

El alcance no se limita a quienes realizan directamente las operaciones. El Gobierno ya inició procedimientos sancionatorios contra empresas, accionistas y prestadores de servicios presuntamente vinculados con actividades hidrocarburíferas en Malvinas, una línea que busca alcanzar también a actores que hacen posible esas operaciones.

A las sanciones se suman nuevas herramientas de protección marítima. El proyecto establece procedimientos para identificar, detener e inspeccionar embarcaciones y regula la respuesta estatal frente a buques considerados de interés o amenazas externas. De aprobarse, la Ley Malvinas combinará así sanciones económicas y penales con mayores herramientas para controlar los espacios marítimos y proteger los recursos argentinos.